El retraso de la ley hipotecaria prolonga el 'parón' en la concesión de crédito

La amplitud de artículos de la nueva ley hipotecaria, el alto número de enmiendas presentadas y el exceso de trabajo de los diputados que conforman la comisión de Economía y Empresa, encargada de elaborar la normativa, retrasa al menos dos semanas más la aprobación de la regulación de los préstamos hipotecarios.

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A pesar del apremio por parte del Gobierno por acelerar la entrada en vigor de la nueva normativa, la disparidad de opiniones de los distintos grupos parlamentarios y exceso de trabajo al respecto hacen ardua la tarea de sacar adelante una ley que se quedó estancada con el anterior Gobierno y ya lleva dos años y ocho meses de retraso. El Ejecutivo aprobó el pasado 9 de noviembre la tramitación de urgencia de esta normativa reduciendo de dos meses a 20 días naturales los tiempos de su aprobación, aunque la situación actual ponen en cuestión su cumplimiento. El Gobierno central es el primer interesado en acelerar los trámites para evitar el pago de la multa impuesta por la Comisión Europea de 106.000 euros por día de retraso en la aprobación de la nueva regulación, y que a estas alturas ya supera los 100 millones de euros. La sanción "es inminente", según fuentes políticas, y el Estado sólo podrá evitarla si aprueba la ley antes de que Europa dé orden de ejecutar la multa.

"Que más del 80% de los gastos corresponda a la banca es una anomalía"

El sector bancario es otro gran interesado en la aprobación de la ley para estabilizar un mercado hipotecario

congelado desde la polémica del Tribunal Supremo con el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), aunque por otro lado ya tachan de "restrictiva" la normativa. "Hace restricciones a los bancos en término de gastos y garantías mayores que en cualquier otro país de Europa", aseguran fuentes del sector financiero. La normativa anterior, es decir, la propuesta por el PP, estaba más cerca de la europea, reglamento sobre el que España debe basarse para hacer la transposición de la ley. "Que más del 80% de los gastos corresponda a la banca es una anomalía", insisten las mismas fuentes que se mantienen reacias a adelantar cómo afectará la nueva regulación al mercado hipotecario. La banca reconoce que en el periodo que va a transcurrir entre la polémica del Supremo, iniciada el 18 de noviembre, y la entrada en vigor de la nueva ley las hipotecas serán menos rentables. El sector espera un trimestre flojo ante la menor firma de contratos y asevera que están siendo menos proactivos en la comercialización de las mismas hasta tener un marco legal definitivo sobre el que preparar la oferta.

Principales cambios

El Congreso ya ha aprobado relevantes cambios en el sistema hipotecario que entrarán en vigor con la nueva ley. Este martes se conoció que los bancos podrán ejecutar la vivienda a partir de doce mensualidades de impago (en la actualidad son tres) o el 3% del capital prestado durante la primera vida del préstamo o, en la segunda parte del mismo, a partir de 15 mensualidades de impago o el 7% del capital. Además, reducirá la comisión a pagar por el prestatario para la amortización del préstamo entre el 0,15 o el 0,25% del mismo, al igual que abaratará los intereses de demora al interés legal del dinero más tres puntos básicos. En la actualidad, los intereses de demora están en el triple del interés legal del dinero.

Por otro lado, la nueva normativa también permitirá al consumidor cambiar en cualquier momento el préstamo en moneda extranjera a euros e impulsa el traspaso de tipo variable a fijo abaratando las comisiones para el cambio.

Otra de las grandes novedades de esta ley de crédito es el reparto de los gastos y los impuestos entre las partes del contrato. La banca asumirá la mayoría de los gastos (gestoría, notaría y tasación de la nota simple), teniendo únicamente el cliente que asumir la tasación de la vivienda, según se estipuló la semana pasada. En lo referente a los impuestos, las entidades deberán afrontar el de Actos Jurídicos Documentados (AJD), mientras que el prestatario asumirá el IVA (en el caso de que adquiera una vivienda nueva) o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (si compra un inmueble de segunda mano). Para evitar posible cláusulas abusivas de las entidades, los notarios tendrán un nuevo papel en el que, sin coste para el cliente, deberán corroborar que éste ha entendido todas las cláusulas del contrato hipotecario.